Con 41 oradores presentes de los 52 inscriptos para dar su opinión en referencia a la readecuación tarifaria del servicio público del transporte pasajeros, se celebró ayer una audiencia pública en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Se inició 48 minutos después del horario previsto, que era las 10 de la mañana, para concluir cuatro horas más tarde con el rechazo unánime al aumento. De todos modos, la audiencia no era de carácter resolutivo, sino que se realizó con la idea de que los concejales tengan en cuenta las sugerencias de los vecinos a la hora de votar.
La empresa prestataria, Patagonia Argentina, pidió llevar el boleto básico actual de $1 a $2,30. Sin embargo, el proyecto presentado por el Ejecutivo municipal al Concejo, establece llevar el valor actual a $1,50,
Vecinalistas, estudiantes, referentes de agrupaciones políticas y sindicales, amas de casa y empleados, cada quien a su modo y en sus palabras se pronunciaron ayer en contra del aumento, sustentando su postura en las críticas reiteradas al servicio que presta Patagonia Argentina, por lo que ese constituyó el hilo conductor de la totalidad de las intervenciones.
Sólo algunas personas se mostraron a favor de un aumento escalonado, por ejemplo que se lleve la tarifa a $1,25, “pero siempre y cuando mejore la calidad del servicio”, fue el argumento.
LOS COSTOS
El descrédito y desconfianza respecto al estudio de costos presentado por la empresa fue el denominador común para que los oradores reclamaran el funcionamiento del ente regulador del servicio. Se puso en duda la cifra de 1.900.000 pasajeros anuales en que la empresa basa su análisis económico, se criticó la poca transparencia en cuanto a lo percibido mediante subsidios nacionales, provinciales y municipales, se resaltó que la empresa no “blanquea” el subsidio a los combustibles mediante el que pagaría 0,34 centavos por litro de gasoil y se señaló que uno de los ítems del estudio de costos está dado por la reparación de cristales cuando ese costo es absorbido por la Municipalidad. En esa línea de los gastos que absorbe la Municipalidad se explayó por ejemplo el vecinalista del barrio Moure Juan Carlos Vargas, al indicarle directamente al secretario de Gobierno, Guillermo Almirón, presente en la audiencia, que cuando se le ha solicitado a la empresa un colectivo para movilizar a los 50 chicos que integran la murga, que implicaría un costo de pasaje de $100 en concepto de ida y vuelta, la empresa factura $800 a la Municipalidad, que paga esa sobrefacturación.
Desde otro ángulo, el esquema de costos fue puesto en duda luego de que Ivana Barrionuevo, una de las estudiantes que intervino, resaltó un error en que incurrió el secretario municipal de Hacienda Alejandro Jones, quien en su exposición había señalado en valor del boleto de colectivo en Córdoba en $1,70 cuando en realidad vale $1,50 por lo que a partir de allí fueron varios los oradores que formularon: “si se equivocan con eso nadie asegura que no hubo un error en el estudio de costos” y sobre esa base se insistió con la necesidad de contar con un ente regulador o un servicio “testigo”, de donde se desprenda claramente la cantidad de usuarios afectados al servicio.
JUBILADOS Y ESTUDIANTES
El boleto estudiantil no quedó al margen del debate pese a que no registrarán incremento, ya que universitarios como la mencionada Ivana Barrionuevo y Celeste Fierro reclamaron que sólo disponen de 60 bonos mensuales cuando en muchos casos deben tomar cuatro colectivos diarios para llegar a la casa de estudios, ya que en muchos barrios no se dispone de una línea directa y que no se contemplan los traslados afectados a las prácticas inherentes a cada carrera. “Nos toman como estudiantes sólo cuando estamos camino a la universidad, ¿y el resto del tiempo qué somos?”, preguntó Fierro.
Tampoco el boleto que abonan los jubilados será modificado. Sin embargo, Jesús Rodríguez señaló que en contadas ocasiones no se recibe el vuelto de dicho pasaje por el que se cobra $0,45.
EL SERVICIO
Por lo demás, las críticas redundaron en la calidad del servicio. Entre ellas, que los barrios de zona norte que esperan una hora por cada frecuencia; las frecuencias que no se cumplen; los colectivos que descargan pasajeros en plena ruta, incluso niños en edad escolar que deben cruzarla porque la empresa no entra en barrios como Castelli o Rodríguez Peña; la velocidad que toman los choferes, y puntualmente la cantidad de pasajeros admitidos en cada unidad. Bajo ese panorama, donde todos y cada uno de los oradores cuestionó la suba, la ausencia de control estatal y la actitud empresaria ante un servicio público, el párrafo final en la mayoría de las intervenciones fue dedicado a los concejales, para pedir la defensa del pueblo y la no aprobación del incremento.
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